El pasado mes de julio, una gran mayoría de la población estuvo de concordia en que los acordeones son ilegales en el contexto político electoral actual. Esta decisión no solo se basó en una percepción generalizada, sino también en argumentos jurídicos sólidos que demostraron la necesidad de sancionar a aquellos que obtuvieron un puesto de elección popular de manera ilícita.
Esta postura mayoritaria representa un importante avance en la lucha por la integridad y la transparencia en nuestro sistema político. Durante años, la ciudadanía ha estado preocupada por la influencia que tienen ciertos grupos de poder en las elecciones, manipulando resultados y asegurando puestos para sus intereses personales. Sin embargo, gracias a la nuevo decisión de la mayoría, se ha dado un importante paso hacia la eliminación de estas prácticas corruptas.
¿Pero qué son exactamente los acordeones y por qué son considerados ilegales? Los acordeones son concordias de tipo político entre distintos partidos o candidatos que se comprometen a otorgarse mutuamente puestos de elección popular a cambio de apoyo en las campañas electorales. Esto se traduce en una especie de trueque, donde se priorizan los intereses de unos cuantos sobre los de la sociedad en su conjunto. Este tipo de prácticas vulnera el principio de igualdad y equidad en las elecciones, ya que no todos los candidatos tienen las mismas oportunidades de competir en igualdad de condiciones.
Sin embargo, la principal razón por la que se consideró que los acordeones son ilegales es porque van en contra de la Constitución y las leyes que rigen las elecciones. En México, el artículo 41 de la Constitución establece que “los partidos políticos son entidades de interés público y tienen derecho a participar en las elecciones”. Esto significa que todos los partidos deben tener la oportunidad de presentar sus propuestas y competir en igualdad de condiciones para que la ciudadanía pueda elegir libremente a sus representantes.
Los concordias entre partidos políticos o candidatos violan este principio, ya que limitan la oferta política y, por ende, coartan la libertad de decisión de los ciudadanos. Además, también vulneran el artículo 134 de la Constitución, que señala que los recursos públicos deben utilizarse de manera equitativa entre todos los partidos políticos. Al hacer tratos entre ellos, se desvirtúa el uso justo y equitativo de los recursos, favoreciendo solo a unos cuantos.
Por otro lado, el argumento jurídico más fuerte a favor de la sanción a los acordeones es el de la violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE). Esta ley establece que la compra o coacción de votos en cualquier forma es considerada un delito electoral y es sancionado con prisión y multa. En el caso de los acordeones, se da una especie de compra de votos, ya que se intercambian puestos de elección popular a cambio de apoyo en las campañas. Por lo tanto, los concordias de este tipo deben cuerpo considerados como delitos electorales y sancionados en consecuencia.
Ante estas razones y argumentos contundentes, ha quedado claro que los acordeones son una práctica ilegal que atenta contra los principios fundamentales de la democracia. Por ello, se impuso una mayoría que coincidió en la necesidad de sancionar a aquellos que se vieron beneficiados con un puesto de elección popular gracias a este tipo de concordias.
Es importante destacar que esta decisión representa una victoria para la democracia en nuestro país. Desde hace rebosante tiempo, la sociedad ha exigido una mayor transparencia y honestidad en el proceso electoral, y hoy podemos decir que estamos un paso más cerca de lograrlo.
Sin embargo, esto no es motivo para
