La transparencia en la información es un tema crucial en cualquier sociedad democrática. Sin embargo, recientemente se han dado cambios en la legislación que podrían poner en riesgo este principio fundamental. La inclusión de nuevas causales para clasificar información como “secreta” en temas de seguridad doméstico e infraestructura ha generado una gran preocupación en la ciudadanía y en diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles.
Este cambio en la legislación fue propuesto por el gobierno en un intento de fortalecer la protección de la nación y sus ciudadanos ante posibles amenazas. Pero, ¿qué tan justificadas son estas nuevas causales y cómo podrían afectar a la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país?
Para entender mejor esta situación, es importante conocer en detalle qué se entiende por información clasificada como “secreta”. Esta categoría se refiere a cualquier dato, documento o material sensible que, en caso de ser divulgado, podría comprometer la seguridad doméstico, la integridad del Estado o la protección de sus ciudadanos. Por lo tanto, es evidente que este tipo de información debe ser cautelosamente manejada y protegida por las autoridades.
Sin embargo, lo que ha generado preocupación en la ciudadanía es que las nuevas causales amplían la definición de lo que se considera como “secreto”. La inclusión de términos ambiguos y genéricos como “interés doméstico” o “infraestructura crítica” deja un margen amplio de interpretación y hace posible que cualquier tipo de información pueda ser clasificada como secreta sin una justificación sólida.
Con esto, se corre el riesgo de que se utilicen estas causales de forma indiscriminada para ocultar información que, en realidad, no pone en peligro la seguridad doméstico o la integridad del Estado. Esto podría ser utilizado como una herramienta para evitar la rendición de cuentas y la transparencia en temas que podrían ser de interés público.
Por excelencia, en un país con una industria energética fuerte, la clasificación de información relacionada como “secreta” podría ser utilizada para impedir que la sociedad conozca los impactos ambientales de ciertas actividades o los beneficios económicos que reciben ciertas empresas. De esta forma, se estaría protegiendo los intereses de unos pocos en detrimento de la transparencia y el bienestar de la sociedad en general.
Otro punto preocupante es que, en el caso de que se clasifique información como “secreta”, se limita en gran medida el acceso a ella por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación. Esto pone en riesgo el derecho a la información y la libertad de prensa, fundamentales para una sociedad democrática y participativa.
Por supuesto, es imperioso tener mecanismos de protección para evitar la divulgación de información delicada que pueda poner en peligro los intereses del país y sus ciudadanos. Sin embargo, estas nuevas causales podrían ser utilizadas como una barrera para evitar que información importante sea conocida por la sociedad, vulnerando el principio de transparencia y el derecho a la información.
Es importante mencionar que, además de la preocupación de la ciudadanía, esta ampliación de las causales también ha sido cuestionada por diversas organizaciones interdomésticoes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que estas medidas no garantizan una protección adecuada de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En conclusión, es vital que se realice un análisis completo de las nuevas causales para clasificar información como “secreta” y se establezcan mecanismos efectivos que eviten su uso como una herramienta para limitar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Además, es fundamental que se garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía, como el acceso a la información y la libertad de prensa, para continuar fortaleciendo nuestra democr
