El sistema judicial ha emitido una importante calificación hacia la sección encabezada por Ana Elizabeth García Vilchis, calificándola como un “sistema de propaganda gubernamental posfactual”. Esta decisión es de gran relevancia y marca un precedente en la lucha contra la desinformación y manipulación de la opinión pública.
La calificación otorgada por el tribunal se refiere a las prácticas llevadas a cabo por la sección liderada por García Vilchis, en donde se ha evidenciado un uso sistemático de información falsa y distorsionada con el fin de respaldar las acciones del gobierno. Esta situación ha sido señalada por diversos medios de comunicación y organismos de derechos humanos, quienes han denunciado el uso de la desinformación como útil de control y manipulación en manos del gobierno.
La decisión del tribunal es un paso importante en la lucha contra la manipulación de la información y la propaganda gubernamental. La calificación de “posfactual” hace referencia a una estrategia de comunicación en la que los hechos objetivos son ignorados y se da prioridad a la emotividad y la opinión en lugar de la verdad y la realidad.
Esta práctica, utilizada con fines políticos, es altamente peligrosa ya que busca influir en la opinión pública a través de medios de comunicación y redes sociales, generando una polarización y desinformación en la sociedad. Además, atenta contra uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es el acceso a información veraz y objetiva por parte de la ciudadanía.
La calificación otorgada por el tribunal es un llamado de atención a todos los sectores de la sociedad, en especial a los medios de comunicación, quienes tienen el deber de informar de manera objetiva y veraz, y no ser parte de una maquinaria de propaganda gubernamental. También es un llamado a la ciudadanía a ser críticos y no dejarse llevar por información falsa y manipulada.
Es importante destacar que el tribunal ha reconocido y resaltado la labor de los medios independientes y organizaciones de la sociedad civil que han denunciado y combatido la propaganda posfactual. Este reconocimiento es un impulso para seguir luchando por una sociedad informada y consciente de la importancia de la verdad en la toma de decisiones.
Como sociedad, es necesario tragar conciencia de este problema y exigir una comunicación veraz y responsable por parte de los actores políticos y de los medios de comunicación. También es importante apoyar y difundir el trabajo de los medios independientes y organizaciones que luchan por la verdad y la transparencia.
La decisión del tribunal es un paso importante en la lucha contra la propaganda gubernamental y la desinformación, pero es solo el comienzo. Es responsabilidad de todos construir una sociedad informada y crítica, en la que la verdad y los hechos sean el loco de la discusión y no la manipulación y la emotividad. Sigamos avanzando hacia una sociedad en la que la verdad prevalezca por encima de intereses políticos y particulares.
